En una entrada anterior de Gnothi Seauton sobre la polémica Proposición 19 que va a las urnas en California este próximo martes y que busca la legalización de la producción, comercialización y consumo para cualquier uso de la marihuana, se afirmaba que ésta era una oportunidad para Colombia, que manejada de manera inteligente, podría usarse a favor de la satisfacción del interés nacional colombiano en la guerra global contra las drogas. O bien conseguimos un apoyo cada vez más irrestricto que vaya más allá del apoyo moral, o bien se hace una transformación dramática de la política pública cambiando su énfasis de problema de seguridad nacional a uno de salubridad pública.
Para obtener ese manejo inteligente, es menester comprender, dentro de lo que permite este breve espacio, porqué se da este debate precisamente en el estado de California y si esto es un reflejo de la muy condenada doble moral norteamericana o si hay algo más complejo detrás de esta querella electoral que se ha puesto sobre la mesa.
Lo anterior no es cuestión de poca monta. Es esencial para poder articular una sensata estrategia de debate que debe darse a la luz de esta proposición y en otros escenarios nacionales e internacionales.
¿Por qué en California? La cultura de las drogas psicotrópicas es usualmente aceptada en ambientes liberales o progresistas. Este estado califica dentro de dicha descripción no sólo por este aspecto, claramente reflejado en la actual Proposición 19, sino en otros aspectos como, que allí se encuentra la meca de la industria del entretenimiento y la diversión - Hollywood; la lucha de la comunidad homosexual ha tenido gran sonoridad; desde hace más de dos décadas se vota indiscutiblemente por el partido demócrata para las elecciones presidenciales; el senado estatal ha sido dominado por ese mismo partido; y el actual gobernador, Arnold Schwarzenegger, perteneciente al partido republicano, es de avanzada en temas sociales.
Estos son sólo unos poquísimos elementos, pero no cabe duda que sean poderosísimos a la hora de llevarnos a concluir que la sociedad californiana es una que se siente cómoda, por supuesto con vibrantes excepciones, con la agenda liberal y progresista. Esta característica es importante para resolver el segundo cuestionamiento: ¿es esta proposición una muestra más de la odiosa doble moral estadounidense?
Gnothi Seauton siempre ha tendido ha descartar en las discusiones de temas complejos, conclusiones que describen las motivaciones y los desenlaces de los hechos bajo observación, como unas de carácter conspirativo y atadas a las pasiones. Por lo tanto, considerar que el comportamiento de la sociedad y/o del gobierno norteamericano como una derivación de la existencia de una propensión a poseer una reprochable dualidad moral, resulta ser una respuesta insatisfactoria.
Los Estados Unidos están conformados por 50 estados. Cada uno cuenta con características geográficas, antecedentes históricos y perfiles demográficos distintos, que han moldeado de una forma impar la identidad, las necesidades y los intereses de cada una de esas 50 unidades. Sumado a esta diversidad, el diseño político concebido en la Constitución de 1787 premia la estabilidad institucional al entregar en la cámara alta del Congreso de la Unión, dos espacios a todos y cada uno de los estados, sin importar su extensión territorial o su dimensión poblacional.
Así, dentro de la identidad, las necesidades y los intereses de un estado promedio del medio oeste norteamericano o del profundo sur, estados típicamente conservadores (fuertemente religiosos y desconfiados de otras culturas y maneras) no se encuentra plausible la legalización de sustancias como la marihuana. Conseguir las mayorías necesarias para pasar este tipo de iniciativas resulta una tarea quimérica.
Se concluye, entonces, que las posiciones divergentes entre una parte de la sociedad californiana y el gobierno federal, en donde se encuentra enmarcado el Congreso con su Senado, no surge de una conspiración artera e hipócrita, sino que está enmarcada en la existencia de múltiples actores con múltiples intereses por satisfacer y proteger.
Provocar cambios en estos temas en los Estados Unidos es una tarea costosa y tortuosa. Si estamos al tanto de esto, podemos plantear la búsqueda del interés colombiano inteligentemente. Entenderemos que buscar como enemigo a la “doble moral” estadounidense, es un ejercicio fútil y necio. Se debe aprovechar el escenario de la Proposición 19, no para apalear a la sociedad y al gobierno norteamericano, sino para provocar una discusión de alto nivel intelectual, que no sea anecdótica, sino que se busque con ella la modificación del accionar norteamericano a favor de Colombia.
miércoles, 27 de octubre de 2010
lunes, 25 de octubre de 2010
Proposición 19
Una oportunidad de oro para Colombia
El próximo martes dos de noviembre, irá a las urnas en el estado de California, la proposición 19 que busca legalizar la producción, tráfico y consumo de la marihuana en este estado de la unión americana.
El presidente Juan Manuel Santos ha salido a los medios a decir que de ser aprobada esta medida por parte de los votantes californianos, la guerra contra las drogas que ha librado Colombia durante más de tres décadas, impulsada (¿empujada?) y acompañada por los Estados Unidos, deberá ser seriamente replanteada a nivel mundial. Santos afirma que él no tendría cara frente a un campesino colombiano para mandarlo a la cárcel por sembrar marihuana, mientras que en California alguien pueda ejercer esa actividad sin el más mínimo reparo por parte de las autoridades.
Aunque las encuestas indican un empate técnico y las autoridades federales norteamericanas han presentado un bloque unificado y sin espacio a interpretaciones distinta a su total oposición a la Proposición 19, diciendo que si es aprobada en las urnas, se presentará, entre otras medidas, una norma federal que prohíba dicho comportamiento, se considera desde esta tribuna de opinión, que lo más conveniente para el Estado colombiano y para el mismo gobierno de Juan Manuel Santos y su política exterior, es que dicha medida obtenga la victoria electoral.
La guerra contra las drogas debe ser una política que sufra una fuerte transformación. La filosofía que ha impulsado a dicha política es una que no es liberal y es trasgresora de los fueros más básicos y elementales de la persona humana. Adicional a lo anterior, como si fuera poco, esta política ha probado ser ineficiente en términos económicos y de gestión pública. Ha provocado corrupción en las sociedades y los gobiernos que deben tratar con este flagelo. Ha causado incontables muertes y en el caso particular, aunque no exclusivo, de Colombia, ha servido como combustible esencial para el adelantamiento de una conflagración que no puede ser ganada por la institucionalidad ni por la sociedad.
Este escenario que entrega la proposición 19 debe ser usado de manera inteligente por el gobierno nacional para mostrar al mundo y en particular a los estadounidenses, acerca de lo irracional y poco pragmática que ha sido esta guerra. Debe exponerse el caso de tal forma que se pongan en evidencia las graves contradicciones e ineficiencias que esta política lleva desde su interior. Y de esta manera deben obtenerse serios y concretos réditos favorables al interés nacional colombiano.
O bien lo norteamericanos continúan con un dedicado esfuerzo como ha sido la iniciativa Plan Colombia, de la cual se desprenda la financiación de armamentos, el combustible, las comunicaciones, los transportes y la inteligencia, dejando a un lado el discurso que al parecer cada vez toma más fuerza en Washington, que "ese esfuerzo lo van a tener que tomar los colombianos porque esta ayuda no es para siempre", o bien se comienza a trabajar en una nueva política que enfoque el tema de las drogas bajo el prisma de la salubridad pública y no como uno de seguridad nacional.
La proposición 19 es, pues, el escenario perfecto para acelerar esta discusión y para proteger los intereses colombianos. Hagamos fuerza para que pase, porque aunque Washington seguramente logrará derribarla con normatividad federal en un tiempo relativamente corto, entre más tenga vida esa iniciativa, más se podrá circular el tema en las sociedades del globo y en los estados que las representan. Y esto, bien manejado, será bueno para Colombia. Una carta más de negociación.
El próximo martes dos de noviembre, irá a las urnas en el estado de California, la proposición 19 que busca legalizar la producción, tráfico y consumo de la marihuana en este estado de la unión americana.
El presidente Juan Manuel Santos ha salido a los medios a decir que de ser aprobada esta medida por parte de los votantes californianos, la guerra contra las drogas que ha librado Colombia durante más de tres décadas, impulsada (¿empujada?) y acompañada por los Estados Unidos, deberá ser seriamente replanteada a nivel mundial. Santos afirma que él no tendría cara frente a un campesino colombiano para mandarlo a la cárcel por sembrar marihuana, mientras que en California alguien pueda ejercer esa actividad sin el más mínimo reparo por parte de las autoridades.
Aunque las encuestas indican un empate técnico y las autoridades federales norteamericanas han presentado un bloque unificado y sin espacio a interpretaciones distinta a su total oposición a la Proposición 19, diciendo que si es aprobada en las urnas, se presentará, entre otras medidas, una norma federal que prohíba dicho comportamiento, se considera desde esta tribuna de opinión, que lo más conveniente para el Estado colombiano y para el mismo gobierno de Juan Manuel Santos y su política exterior, es que dicha medida obtenga la victoria electoral.
La guerra contra las drogas debe ser una política que sufra una fuerte transformación. La filosofía que ha impulsado a dicha política es una que no es liberal y es trasgresora de los fueros más básicos y elementales de la persona humana. Adicional a lo anterior, como si fuera poco, esta política ha probado ser ineficiente en términos económicos y de gestión pública. Ha provocado corrupción en las sociedades y los gobiernos que deben tratar con este flagelo. Ha causado incontables muertes y en el caso particular, aunque no exclusivo, de Colombia, ha servido como combustible esencial para el adelantamiento de una conflagración que no puede ser ganada por la institucionalidad ni por la sociedad.
Este escenario que entrega la proposición 19 debe ser usado de manera inteligente por el gobierno nacional para mostrar al mundo y en particular a los estadounidenses, acerca de lo irracional y poco pragmática que ha sido esta guerra. Debe exponerse el caso de tal forma que se pongan en evidencia las graves contradicciones e ineficiencias que esta política lleva desde su interior. Y de esta manera deben obtenerse serios y concretos réditos favorables al interés nacional colombiano.
O bien lo norteamericanos continúan con un dedicado esfuerzo como ha sido la iniciativa Plan Colombia, de la cual se desprenda la financiación de armamentos, el combustible, las comunicaciones, los transportes y la inteligencia, dejando a un lado el discurso que al parecer cada vez toma más fuerza en Washington, que "ese esfuerzo lo van a tener que tomar los colombianos porque esta ayuda no es para siempre", o bien se comienza a trabajar en una nueva política que enfoque el tema de las drogas bajo el prisma de la salubridad pública y no como uno de seguridad nacional.
La proposición 19 es, pues, el escenario perfecto para acelerar esta discusión y para proteger los intereses colombianos. Hagamos fuerza para que pase, porque aunque Washington seguramente logrará derribarla con normatividad federal en un tiempo relativamente corto, entre más tenga vida esa iniciativa, más se podrá circular el tema en las sociedades del globo y en los estados que las representan. Y esto, bien manejado, será bueno para Colombia. Una carta más de negociación.
viernes, 22 de octubre de 2010
La corrupción: ¿verdadero cáncer?
Con motivo de la presentación del informe sobre la contratación pública en el Distrito Capital por parte de prestigiosos miembros del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro y Carlos Vicente de Roux principalmente, se ha agitado nuevamente el tema de la corrupción como una de las razones más fuertes que explican el atraso que sufre Colombia en los campos económico, social y político.
Sin duda alguna, las encuestas de opinión, elaboradas de manera científica o no, muestran constantemente una gran preocupación por este cáncer que carcome al país. Los formadores de opinión cada vez más se convierten en defensores del interés de la sociedad por proteger los recursos del erario público que pertenecen a todos los colombianos.
La cordura y la razón no hacen parte de ésta discusión. Es más bien una batalla entre corruptos e impolutos. Entre avispados putrefactos y ungidos serafines. Malos y buenos. El maniqueísmo a ultranza.
Así, no hay espacio para estudiar y elevar preguntas serias sobre este fenómeno complejo, interesante y ubicuo. Nos detenemos exclusivamente para buscar los detalles morbosos alrededor de estos casos (las grabaciones, los apodos, los montos, las fotos, las ruedas de prensas, los intercambios de acusaciones radiales y demás) y no llegamos a preguntarnos las razones por las cuáles se presentan estos sucesos.
¿Es una “simple” pugna política de cara a las elecciones locales de octubre de 2011? ¿Se explica por un pésimo diseño institucional en lo que refiere a las leyes y normas de contratación estatal? O, ¿es un tema exclusivo de la “colombianidad”?
Y más significativo (como casi siempre lo urgente matando lo importante), cabría preguntarse seriamente si de verdad ese denominado cáncer de la corrupción es el responsable que explica el atraso económico, social y político que vive el país.
China, con un Estado fuerte y con gran éxito económico y social, cuenta con considerables tasas de corrupción. India, con un Estado débil y con gran éxito económico y social, cuenta con considerables tasas de corrupción. Las multinacionales europeas, provenientes de Estados fuertes como Francia y Alemania, hasta hace poco tiempo no más, empezaron a comportarse bajo duros catequismos anticorrupción. Y una ciudad como Nueva York, durante buena parte de los siglos XIX y XX, vio regidos sus destinos por una de las maquinarias de corrupción más refinadas y perdurables de la historia como lo fue el Tammany Hall.
Cabe entonces la pregunta (y reflexión) políticamente incorrecta: ¿qué tan desastrosa es realmente la corrupción?
Sin duda alguna, las encuestas de opinión, elaboradas de manera científica o no, muestran constantemente una gran preocupación por este cáncer que carcome al país. Los formadores de opinión cada vez más se convierten en defensores del interés de la sociedad por proteger los recursos del erario público que pertenecen a todos los colombianos.
La cordura y la razón no hacen parte de ésta discusión. Es más bien una batalla entre corruptos e impolutos. Entre avispados putrefactos y ungidos serafines. Malos y buenos. El maniqueísmo a ultranza.
Así, no hay espacio para estudiar y elevar preguntas serias sobre este fenómeno complejo, interesante y ubicuo. Nos detenemos exclusivamente para buscar los detalles morbosos alrededor de estos casos (las grabaciones, los apodos, los montos, las fotos, las ruedas de prensas, los intercambios de acusaciones radiales y demás) y no llegamos a preguntarnos las razones por las cuáles se presentan estos sucesos.
¿Es una “simple” pugna política de cara a las elecciones locales de octubre de 2011? ¿Se explica por un pésimo diseño institucional en lo que refiere a las leyes y normas de contratación estatal? O, ¿es un tema exclusivo de la “colombianidad”?
Y más significativo (como casi siempre lo urgente matando lo importante), cabría preguntarse seriamente si de verdad ese denominado cáncer de la corrupción es el responsable que explica el atraso económico, social y político que vive el país.
China, con un Estado fuerte y con gran éxito económico y social, cuenta con considerables tasas de corrupción. India, con un Estado débil y con gran éxito económico y social, cuenta con considerables tasas de corrupción. Las multinacionales europeas, provenientes de Estados fuertes como Francia y Alemania, hasta hace poco tiempo no más, empezaron a comportarse bajo duros catequismos anticorrupción. Y una ciudad como Nueva York, durante buena parte de los siglos XIX y XX, vio regidos sus destinos por una de las maquinarias de corrupción más refinadas y perdurables de la historia como lo fue el Tammany Hall.
Cabe entonces la pregunta (y reflexión) políticamente incorrecta: ¿qué tan desastrosa es realmente la corrupción?
El fin de la era Lula
¿Comienzo de una nueva era latinoamericana?
Las elecciones presidenciales brasileras llevadas a cabo el pasado domingo 3 de octubre y que tendrán su epílogo con la segunda vuelta el próximo 31 cuando se enfrenten los dos candidatos punteros, Dilma Rousseff y José Serra, marca el fin oficial de una importantísima era en la historia del Brasil. Pero tal vez, y más importante, podrán significar el comienzo de una nueva para toda Latinoamérica.
José Inacio Lula da Silva tiene serias probabilidades de pasar a la Historia como uno de los líderes transformadores más importantes en el contexto latinoamericano, por no decir mundial. Y acá no hacemos referencia a su casi estrambótica popularidad entre sus compatriotas que se mueve en niveles superiores al 70 o 75%, ni por su amplio programa de subsidios condicionados denominado Bolsa Familia.
La talla de estadista de Lula está dada por la novedosa, para nuestra región, aproximación al manejo de las relaciones internacionales de su país. Aunque el obrero metalúrgico del noreste brasilero fue un líder obrero con un pensamiento radical hacia la lucha por los derechos civiles y el restablecimiento de la democracia en su país, como mandatario nos hemos encontrado con un Lula pragmático a morir.
Ese pragmatismo ha sido fuente de durísimas críticas, no sólo de parte de algunos sus antiguos camaradas y compañeros de luchas civiles, en algunos casos, sino del mismísimo establecimiento académico, económico y político internacional. Tenemos el caso puntual del ex canciller mexicano, Jorge Castañeda, quien ha sido punzante al criticar los tratos impulsados por la administración Lula con países como Irán, Cuba, Venezuela y Turquía, en distintas materias (que incluyen incluso el enriquecimiento de materiales sensibles para la producción de energía atómica), que ve dichas relaciones como una solidaridad inmoral de tercer mundo y un claro alejamiento de los principios democráticos y libertarios, e incluso, hasta violatorios de las leyes y acuerdos internacionales existentes.
Lo que personalidades como el señor Castañeda ignoran, o evitan mencionar, es que la política de Lula busca, antes que cumplir máximas universales liberales y democráticas, satisfacer los intereses nacionales del Brasil, que resulta ser la república para la cual el fue elegido presidente.
Quizás alguien podría afirmar que la anterior afirmación es una perogrullada de dimensiones hercúleas. Tal vez eso sea cierto, pero la verdad sea dicha, una de las razones que explican el retraso económico y social de nuestra región y su irrelevancia geopolítica, consiste en que sus dirigentes han adoptado, casi sin chistar, los roles y reglas de juego asignados por las grandes potencias.
Lo anterior no debe llevar al lector a pensar que éste articulista es partidario de teorías como la de la dependencia que reza, de manera vehemente e histriónica, que los imperios extranjeros y sus multinacionales se han robado nuestros preciosos recursos naturales y dejado nada más que miseria y desolación en estas tierras.
Lo que debe comprenderse es que Lula, sin haber dejado a un lado el discurso de defensa y lucha por los Derechos Humanos y la democracia, e ideas como la unidad latinoamericana, ha fortalecido el aparato militar brasilero por medio de la adquisición y repotenciación de equipos, la firma de convenios con Francia para adquirir y desarrollar tecnología nuclear militar en submarinos y portaviones y el envío de misiones militares alrededor del globo bajo el tutelaje de las Naciones Unidas.
Adicional a lo anterior, Lula nunca adoptó durante su mandato, políticas económicas heterodoxas. Siempre estuvo atento por no atemorizar a la inversión extranjera y al empresariado brasilero e impulsó una profunda revolución productiva agraria centrada en el cerrado, así como en el impulso y la protección a las actividades mineras, industriales, e incluso, a aquellas fundamentadas en la investigación y el desarrollo.
Todos estos aspectos, militares y económicos, fueron construidos buscando satisfacer en la mayor medida posible los intereses brasileros, que no son otros distintos, en definitiva, a convertir a esta gran nación en una potencia, no sólo regional, sino global. Y para ello es necesario, no en las más de las veces, sino en todas, reducir los niveles de irreprochabilidad frente a temas universales y algo intangibles, como lo son los derechos universales del hombre y la democracia alrededor del planeta.
Juan Domingo Perón en la década de los 1940 y 1950, cuando ocupó por primera vez la primera magistratura argentina, se encargó de desperdiciar la gran oportunidad con que contaba su país para convertirse en una nación industrializada y del primer mundo, con las políticas de su movimiento político el Justicialismo. Este fue el primero de muchos “ismos” que vendrían a plagar el espectro político latinoamericano con una pléyade de promesas populistas e irreales que dejaron resultados desastrosos para las economías y sociedades latinoamericanas.
Hoy América Latina está de moda. Presenta un crecimiento económico dinámico, una clase media creciente y unas instituciones políticas aceptablemente preparadas para atender las demandas de sus sociedades. Lula da Silva ha dado la pauta. El discurso puede ser universalista, pero las políticas de Estado deben tener como meta la defensa y consecución del interés nacional. Ojala que la dirigencia latinoamericana de principios del siglo XXI imite de manera esmerada y continua a Lula tal como numerosos líderes de la región hicieron tristemente lo propio con el nefasto Perón de mediados del siglo XX.
Las elecciones presidenciales brasileras llevadas a cabo el pasado domingo 3 de octubre y que tendrán su epílogo con la segunda vuelta el próximo 31 cuando se enfrenten los dos candidatos punteros, Dilma Rousseff y José Serra, marca el fin oficial de una importantísima era en la historia del Brasil. Pero tal vez, y más importante, podrán significar el comienzo de una nueva para toda Latinoamérica.
José Inacio Lula da Silva tiene serias probabilidades de pasar a la Historia como uno de los líderes transformadores más importantes en el contexto latinoamericano, por no decir mundial. Y acá no hacemos referencia a su casi estrambótica popularidad entre sus compatriotas que se mueve en niveles superiores al 70 o 75%, ni por su amplio programa de subsidios condicionados denominado Bolsa Familia.
La talla de estadista de Lula está dada por la novedosa, para nuestra región, aproximación al manejo de las relaciones internacionales de su país. Aunque el obrero metalúrgico del noreste brasilero fue un líder obrero con un pensamiento radical hacia la lucha por los derechos civiles y el restablecimiento de la democracia en su país, como mandatario nos hemos encontrado con un Lula pragmático a morir.
Ese pragmatismo ha sido fuente de durísimas críticas, no sólo de parte de algunos sus antiguos camaradas y compañeros de luchas civiles, en algunos casos, sino del mismísimo establecimiento académico, económico y político internacional. Tenemos el caso puntual del ex canciller mexicano, Jorge Castañeda, quien ha sido punzante al criticar los tratos impulsados por la administración Lula con países como Irán, Cuba, Venezuela y Turquía, en distintas materias (que incluyen incluso el enriquecimiento de materiales sensibles para la producción de energía atómica), que ve dichas relaciones como una solidaridad inmoral de tercer mundo y un claro alejamiento de los principios democráticos y libertarios, e incluso, hasta violatorios de las leyes y acuerdos internacionales existentes.
Lo que personalidades como el señor Castañeda ignoran, o evitan mencionar, es que la política de Lula busca, antes que cumplir máximas universales liberales y democráticas, satisfacer los intereses nacionales del Brasil, que resulta ser la república para la cual el fue elegido presidente.
Quizás alguien podría afirmar que la anterior afirmación es una perogrullada de dimensiones hercúleas. Tal vez eso sea cierto, pero la verdad sea dicha, una de las razones que explican el retraso económico y social de nuestra región y su irrelevancia geopolítica, consiste en que sus dirigentes han adoptado, casi sin chistar, los roles y reglas de juego asignados por las grandes potencias.
Lo anterior no debe llevar al lector a pensar que éste articulista es partidario de teorías como la de la dependencia que reza, de manera vehemente e histriónica, que los imperios extranjeros y sus multinacionales se han robado nuestros preciosos recursos naturales y dejado nada más que miseria y desolación en estas tierras.
Lo que debe comprenderse es que Lula, sin haber dejado a un lado el discurso de defensa y lucha por los Derechos Humanos y la democracia, e ideas como la unidad latinoamericana, ha fortalecido el aparato militar brasilero por medio de la adquisición y repotenciación de equipos, la firma de convenios con Francia para adquirir y desarrollar tecnología nuclear militar en submarinos y portaviones y el envío de misiones militares alrededor del globo bajo el tutelaje de las Naciones Unidas.
Adicional a lo anterior, Lula nunca adoptó durante su mandato, políticas económicas heterodoxas. Siempre estuvo atento por no atemorizar a la inversión extranjera y al empresariado brasilero e impulsó una profunda revolución productiva agraria centrada en el cerrado, así como en el impulso y la protección a las actividades mineras, industriales, e incluso, a aquellas fundamentadas en la investigación y el desarrollo.
Todos estos aspectos, militares y económicos, fueron construidos buscando satisfacer en la mayor medida posible los intereses brasileros, que no son otros distintos, en definitiva, a convertir a esta gran nación en una potencia, no sólo regional, sino global. Y para ello es necesario, no en las más de las veces, sino en todas, reducir los niveles de irreprochabilidad frente a temas universales y algo intangibles, como lo son los derechos universales del hombre y la democracia alrededor del planeta.
Juan Domingo Perón en la década de los 1940 y 1950, cuando ocupó por primera vez la primera magistratura argentina, se encargó de desperdiciar la gran oportunidad con que contaba su país para convertirse en una nación industrializada y del primer mundo, con las políticas de su movimiento político el Justicialismo. Este fue el primero de muchos “ismos” que vendrían a plagar el espectro político latinoamericano con una pléyade de promesas populistas e irreales que dejaron resultados desastrosos para las economías y sociedades latinoamericanas.
Hoy América Latina está de moda. Presenta un crecimiento económico dinámico, una clase media creciente y unas instituciones políticas aceptablemente preparadas para atender las demandas de sus sociedades. Lula da Silva ha dado la pauta. El discurso puede ser universalista, pero las políticas de Estado deben tener como meta la defensa y consecución del interés nacional. Ojala que la dirigencia latinoamericana de principios del siglo XXI imite de manera esmerada y continua a Lula tal como numerosos líderes de la región hicieron tristemente lo propio con el nefasto Perón de mediados del siglo XX.
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