Niños: en boca cerrada no entran moscos

Hacía ya un par de semanas quería hablar sobre las intervenciones de los políticos ante la opinión pública. Gracias a las tecnologías de la comunicación las presentaciones de los mandatarios y otros jugadores políticos son más que comunes. Atrás, muy atrás, están los días en que los líderes nacionales eran unas figuras lejanas y prácticamente intocables para la opinión pública.

Las consecuencias de esto son amplias. Una de ellas, por ejemplo, es que muchos de los analistas políticos, a los cuales en este blog les hemos dedicado algunas líneas ya, se concentran en estudiar las declaraciones y los discursos que estas personalidades entregan, dándoles, de manera facilista, la categoría de pronunciamientos definitivos. Es decir, se acercan a los comentarios como si fueran la puerta de entrada a los pensamientos más secretos y concluyentes de quienes los emiten. Un ejemplo muy cercano a nosotros es la ya legendaria frase de Juan Manuel Santos, a principios de su gobierno, de que Chávez era su “nuevo mejor amigo”.

Este se ha convertido en el mantra de los anti-santistas, o más bien, de los uribistas, para criticar al actual mandatario. Lo que convenientemente no se recuerda es que esta frase la soltó el presidente a la salida de un evento en México atosigado por numerosos micrófonos, cámaras y grabadoras. De pronto, lo que fue una declaración desprevenida (un chiste, o un mal chiste) en medio de una nube de mosquitos mediáticos, se convirtió en el centro oficial de la política exterior colombiana frente a su vecino.

Claro que estas son las reglas del juego de hoy. Acá no vamos a ser tan radicales como para decir que los medios no deben perseguir hasta la saciedad a las noticias y a los protagonistas de estas. Precisamente lo que queremos es reconocer esta realidad, buena o mala, no nos importa calificarla, sencillamente existe, pero sí deseamos darle contexto al tema. Sobre todo si nos consideramos serios y rigurosos analistas de la coyuntura nacional e internacional.

Así las cosas, me permito hacer dos comentarios:

Uno: mi querida canciller Holguín debe renunciar inmediatamente. Para SinEmbargo el trabajo por ella liderado ha sido uno de los mejores, dentro de los ministros del actual gobierno, y dentro de la historia del servicio exterior colombiano. Teniendo en cuenta sus limitaciones, especialmente organizacionales y mentales, que nos son pocas ni pequeñas, lideró una agenda regida por el interés nacional y el pragmatismo. Buscó internacionalizar a este parroquial país, convirtiéndose en el blanco de ridículas críticas, como aquellas que buscaban lograr su salida de la cancillería por unos sobrecostos, supuestos sobrecostos, durante la Cumbre de Las Américas en Cartagena. ¡Ah! Y también porque dizque el presidente Santos, aupado por esta mala mujer, estaba viajando mucho y se alejaba de la realidad del país. ¡Puras pamplinas!

Empero, y aunque su responsabilidad en el desastre acontecido el día de ayer por el fallo de la Corte Internacional de La Haya del laudo arbitral entre Nicaragua y Colombia, yace casi que exclusivamente por ser la canciller de hoy, porque en realidad este funesto resultado es producto de la pobrísima política del Estado colombiano frente a San Andrés, el Caribe, sus fronteras y su política de exteriores en general, que se funda ridícula y testarudamente, en la supuesta nobleza del derecho internacional, la señora María Ángela Holguín debe renunciar.  

Nuestra canciller se deslenguó con el fatídico comentario, ante los medios, en entrevistas con ellos, de que “la CIJ falla salomónicamente”. Si el resultado hubiera sido favorable a Colombia, es decir que la frontera entre Nicaragua y nuestro país no se hubiera movido ni un ápice hacia el oriente del meridiano 82, Holguín podría permanecer en el cargo y recordar el incidente como una triste y superada experiencia. Pero esto no fue así, y como las formas son tan importantes, sobre todo en la diplomacia y en la era de las comunicaciones, no le queda otro camino que renunciar.

El segundo comentario va sobre los pronunciamientos (pocos pronunciamientos) del presidente Santos acerca del proceso de negociación de fin del Conflicto Armado Interno con las Farc: tanto sus contradictores, como varios de quienes se encuentran más cercanos a él, están comenzando a preguntarse por qué la reticencia del mandatario y de su gobierno a pronunciarse sobre lo que pasa con este trascendental proceso para el país.

Acá hemos defendido en varios aspectos a Santos y volvemos a estar con él en este proceder. Entre más calle, especialmente ante los medios y ante la opinión pública en general, el presidente puede conservar una mejor posición negociadora. Como ya lo hemos establecido, con el ejemplo del comentario de “mi nuevo mejor amigo”, lo que se diga ante la prensa, se convierte en hecho político. Por lo tanto el presidente no puede dar papaya, como ya él lo ha hecho en otras oportunidades, la del “amigo” no ha sido la única, y como otros de sus colaboradores, la canciller siendo hoy la más destacada, también lo han hecho.

Entre menos diga abiertamente, él y sus negociadores tendrán un rango más amplio de opciones para escoger cuando estén sentados con sus contrapartes de las Farc. Esta es una de las reglas más simples y lógicas de las negociaciones, pero en medio de la histeria creada por las redes sociales y las tecnologías móviles, se ha prácticamente olvidado. Ayer no más, el director de Noticias RCN, Rodrigo Pardo, después de oír al aire el anuncio de alias Márquez de una tregua unilateral de las Farc desde hoy 20 de noviembre hasta el 20 de enero próximo, preguntó a su periodista en Cuba, casi que desesperado, que si las Farc iban a hacer una rueda de prensa para explicar en detalle el tema.

Nuevamente, acá entendemos cuál es la realidad de los medios. Ellos no están para ser mesurados, pensantes o estratégicos. Deben buscar la noticia como hienas, y no lo digo despectivamente. Pero el presidente y su grupo de trabajo sí están para ser mesurados, pensantes y estratégicos. Por lo tanto, bienvenido el mutismo, en este tema, del presidente. No es que sea anti-democrático. Sencillamente, estos temas son demasiado críticos y no pueden ser manoseados constantemente por la prensa y la opinión pública. Las masas son una cosa templada de manejar. Ese manejo, que no es manipulación per se, debe hacerse con mucha prudencia y mucha destreza. 

Patos que no son patos (o sobre los enredos colombianos alrededor de su “conflicto”)

Patos que no son patos (o sobre los enredos colombianos alrededor de su “conflicto”)

Escribe el defensor del pueblo, el señor Jorge Otálora, al ministro de la defensa, el señor Juan Carlos Pinzón, que las Bacrim, bandas criminales, deben ser denominadas como grupos armados ilegales, es decir, deben ser cobijadas por las reglas que rigen al Conflicto Armado Interno, CAI, colombiano.

Este es un debate que ha retomado el defensor del pueblo y enhorabuena. Básicamente lo que este funcionario le dice al ministro es que las Bacrim son elementos más que delincuenciales debido a que “cuentan con una organización armada, con mandos jerárquicos, con capacidad para reclutar y entrenar a los miembros… con la habilidad para coordinar operaciones de tipo militar y ejercer control sobre un territorio”. Estas son características que el Derecho Internacional Humanitario reconoce como propios de una parte en los conflictos armados.

Otálora busca que con este reconocimiento las Fuerzas Militares comiencen a fustigar y atacar a estas organizaciones, ya que hasta el día de hoy, esta responsabilidad recae de manera exclusiva en la órbita de la Policía Nacional, y debido a la real capacidad de fuego de las Bacrim, esta institución se queda, por decir lo menos, corta para enfrentarlas.

Según el diario El Tiempo, Otálora agrega en su comunicado de 30 páginas para el ministro, como quien no quiere embarrarla, que este reconocimiento de ninguna manera significaría que estas bandas criminales entrarían “a ser parte de los actores del conflicto armado colombiano”. ¿Cómo así?

Hacen como patos, caminan como patos, ¿pero no son patos?    

Yo quiero creer que un señor como Otálora, ex vicefiscal general y prestante abogado penalista, que no internacionalista, percibe la crasa contradicción que surge de sus declaraciones. Lo que sí sé, es que en Colombia en general existe una magna confusión acerca del tema que nos trasnocha y nos retiene, como es el del “conflicto”.

Lo pongo en comillas porque acá trabajamos con, no una definición sino dos. Una, que es la más usada, común y aceptada, y la ponemos en minúsculas: acá lo que hay es un conflicto interno que es armado y que es político, social y económico. Tirios y troyanos hablan de él. Lo tenemos tan metido debajo de la piel que aquellos que dicen que no existe, a cada rato de alguna forma lo terminan reconociendo. El caso emblemático es el del señor Uribe Vélez, que se gastó su gobierno negando la existencia de este conflicto pero al mismo tiempo con su discurso negacionista enviaba el mensaje de que con las Farc comienza y se acaba la vida en Colombia.

“La culebra hay que matarla... todavía está viva” nos advertía, todavía lo hace, con gran insistencia. Uno sí tiene que llegar a preguntarse, si es posible que una cosa tan omnipresente en la vida y objetivos de un país no tenga alcances profundos en sus esferas políticas, sociales y económicas.

La segunda definición, es sin duda la minoritaria y es la del Conflicto Armado Interno, CAI, la cual es una categoría jurídica creada por mecanismos legales como el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, del año 1977. Esta busca regular, óigase bien, regular, no dar fin, no explicar, no justificar, sino simplemente regular los conflictos armados. Pero, no sé si por nuestra vena santanderista, de alguna forma esto lo convertimos no solo en la esencia de nuestro “conflicto”, sino también de nuestra vida política y social y económica.

Acá nos tenemos que dejar de pendejadas, o más claro, de vainas. ¿Existe CAI? Sí. ¿Las Farc y Bacrim hacen parte de ese CAI? Sí. ¿Existe conflicto o conflictos sociales, políticos y económicos? Sí, ¿en dónde no? Cómo existe CAI y conflicto, ¿hay que negociar con las Farc? Uno preferiría que no, pero por nuestro enredo conceptual, acá nos gusta hacerlo. Es como tratar de impedir que un macaco detenga permanente sus actividades onanistas al aire libre. Es sencillamente imposible. Cómo existe CAI y conflicto, ¿hay que negociar con Bacrim? ¡Dios santo!, esperemos no llegar a ese exabrupto y no confundir que siendo estas efectivamente partes del CAI, no tienen nada que decir con sus armas en la forma como construimos y regimos nuestra democracia.

Es solo un pequeño debate.    

Menos opinión (intuición), más matemáticas

Las elecciones del pasado martes en los Estados Unidos dejaron ganadores y perdedores, más allá de los evidentes y contundentes resultados. Entre los perdedores, podría decirse que nos encontramos buena parte de los analistas de este tipo de eventos.

Ha sido resaltado en múltiples medios y comentarios que esta fue una elección marcada por los “nerds”, pero no los de las ciencias humanas, sino de las ciencias puras, como por ejemplo las matemáticas. Personajes como Nate Silver que con su blog 538 en el New York Times predijo los resultados en la totalidad de los 50 estados y que desde hace varias semanas atrás dio una probabilidad de triunfo para el presidente Obama superior al 70%, el fin de semana anterior la tasaba en un escalofriante 91%, deben llamara a la reflexión a quienes nos aventuramos a comentar sobre este tipo de competencias electorales, sin dar mayor uso a los números.

Igualmente es un llamado de atención para los medios y sus comentaristas. Quizás no va a ser tan necesario en el futuro contratar un pull de expertos con gran experiencia en la vida política, bien sea como protagonistas o analistas, para analizar y comentar estos eventos. “Sencillamente” se necesitará el acompañamiento de genios matemáticos capaces de crear modelos de predicción que sean alta y escalofriantemente exactos.

Las elecciones en Colombia en 2014 pueden ser un laboratorio interesante para ensayar estas metodologías. De alguna manera, estas aventuras democráticas que son consideradas no por pocos como fascinantes y emocionantes, irán a perder o reducir significativamente este aspecto, pero todo sea por la loable meta de obtener mayor objetividad y rigurosidad en las opiniones, logrando que sean menos intuitivas y por sobre todo, menos partidistas, que se realizan para tratar de orientar a la opinión pública.

En todo caso, no es que el análisis político tradicional se haya agotado, simplemente deberá adaptarse a unas nuevas realidades que conllevan el uso de nuevas y exactas herramientas.

Entonces, ¡a echar número!, queridos politologistas.

¡Jus-ti-cia, jus-ti-cia, jus-ti-cia!

Ese es uno de los sonsonetes más populares y escuchados en Colombia y podía decirse que en cualquier país del mundo. Por su puesto, nos interesa el lindo país bañado por dos océanos y con tres cordilleras y es sobre él que vamos a hablar.

Paro de ASONAL judicial, es decir, los trabajadores del sector justicia, desde mensajeros de despacho hasta jueces de circuito, pasando por secretarias e investigadores criminales; denuncias de carruseles de pensiones desaforados en los que están montados magistrados de las más altas cortes del país; más denuncias, también dirigidas a altos magistrados por guiar sus decisiones basándose en intereses políticos o de cualquier otro carácter, menos legal (casos de la salida del magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Iván Velásquez, investigador líder de la parapolítica y escogencia del procurador Alejandro Ordóñez para terna por parte de la misma CSJ para el mismo cargo de procurador general); sensación (y realidad) de desorden rampante en todo el sistema en general; Fiscalía General imputando cargos sin pruebas sólidas que rayan en el ridículo (caso Sigifredo López); y más, mucho, muchísimo más.

¿Por qué tanto despelote? A mí me gusta oír la explicación de la calle de que esto pasa por nuestra colombianidad. Digo, me gusta, porque así el problema estaría resuelto. “Somos un país de cafres, entonces aceptémoslo, ¡y listo!” Así siempre estaremos condenados a este fracaso/desorden sin importar qué hagamos o dejemos de hacer.

Ese determinismo, desafortunadamente, no es válido ni cierto. Las instituciones, es decir las reglas, que el hombre construye están fuertemente moldeadas por la geografía y por la historia, que a su vez es esculpida por la primera, y las dos terminan forjando el carácter de las personas que habitan en un área determinada. No obstante, los determinismos geográficos o históricos (“país de cafres”), así como los raciales (“país de cafres”), están mandados a recoger y la experiencia histórica así nos lo demuestra.

Por supuesto, cambiar estas instituciones, formales e informales, representan un esfuerzo abismal y que nunca va a llegar a ser recompensado con la aparición de un statu quo ni cercano a la perfección.

Veamos el caso que nos interesa en el día de hoy. Durante el gobierno de Uribe, se adoptó como defensa política, acusar y caricaturizar a la Corte Suprema de Justicia como el “partido de oposición al gobierno”. Este calificativo, el de partido político, daba a entender que los jueces de esa corte estaban fallando guiados no por preceptos jurídicos sino por políticos. La verdad sea dicha, esta descripción de los togados y esa corte en particular es muy cercana a la realidad. Pero lo que debe resaltarse es que dicho comportamiento no fue exclusivo de esa CSJ en particular. El sistema judicial colombiano está creado para que los jueces, especialmente aquellos que logran llegar a las máximas magistraturas, se conviertan en figuras políticas. No solo ideológicamente, sino electoralmente. Así tenemos al magistrado Ibañez, uno de los adalides de la parapolítica, como candidato al congreso en 2006, fracasando, para luego ingresar a la Suprema. Y esta no es la excepción. De la Constitucional, la que podría considerarse la corte de cierre, aunque esto no está del todo claro, una evidencia más del pésimo diseño institucional del aparato de justicia, han surgido figuras políticas que han aspirado a los máximos cargos de elección popular del país. Carlos Gaviria, José Gregorio Hernández, Jaime Araujo, Alejandro Martínez Caballero.

Pero este no es solo un comportamiento en las altas cortes. Los exfiscales Alfonso Valdivieso y Alfonso Gómez Méndez también han aspirado a la presidencia de la república después de sus respectivos pasos por el ente acusador colombiano. El procurador Ordóñez es considerado por algunos como un posible candidato conservador a la presidencia del país.

Ahora bien, el que los jueces y los fiscales (investigadores) tengan posiciones políticas y las quieran imponer en la sociedad de la cual hacen parte es totalmente comprensible. Incluso deseable. Acá lo problemático es que el diseño institucional, que es para ángeles y no para ser humanos, sean estos de “Cundinamarca o Dinamarca”, pretende que quienes llegan a ocupar estos puestos sean ciegos, como la imagen (hipérbole) de la justicia, pero también sordos y mudos.

El diseño institucional debe ser realista. Debe atender que los seres humanos tienen intereses. Debe desconfiar pragmáticamente en la ambición de estos. Yo no dudo que todos los personajes que he mencionado con nombre propio tengan buenas intenciones. Pero están guiados por la ambición, algo normal, y nuevamente, deseable.

Se pueden hacer cosas relativamente sencillas: 1) que cualquiera de las cuatro, ¡cuatro!, máximas cortes de justicia con que contamos hoy, así como cargos como Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, sean los últimos cargos que puedan ejercer quienes los ocupan, o que por lo menos deriven en una inhabilidad de un lustro o una década. Esto llevaría a que el llegar a estos puestos, aquellos que los ocupan se vean guiados, estimulados, más por intereses de largo alcance y no por naturales, entendibles y previsibles ambiciones políticas y electorales.

Y 2), de manera más profunda, eliminar cargos y sus organizaciones burocráticas que hoy son inoperantes o peor, se han vuelto instancias redundantes, que duplican, triplican o eneplican funciones y gastos y por lo tanto son estímulos para la ineficiencia y la corrupción. Las primeritas serían la Procuraduría, pero no por Ordóñez, sino por la existencia desde la Constitución de 1991 de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía General, el Consejo de Estado y la misma Fiscalía. Las funciones de estas dos últimas deberían pasar en manos del ministro de justicia, que debe ser el administrador de los recursos sectoriales y el investigador número uno en el país. O si se deja a la Fiscalía, eliminar (de nuevo) al ministerio, o cambiarle el nombre por el muy glamoroso Ministerio de Penitenciarías.

Me alargué, pero este es un diagnóstico, créanlo, brevísimo y debatible. Y las soluciones también son poquitas, las expuestas hoy. Podría terminar diciendo que en el país es necesario que nos embarquemos en una especia de “Plan Colombia” para la justicia, pero a diferencia del que existió con el sector defensa y seguridad, este debe ser financiado en su vasta mayoría por los colombianos. Pero estos recursos no solo irían a sueldos, como pretende ASONAL, sino a capacitación, modernización, equipos e infraestructuras físicas e intelectuales.  

¿Alguien interesado? ¿O solo nos gusta el estribillo?