La reforma de la justicia que se viene tramitando en el Congreso de la República, después de su cuarto debate superado, de ocho en total que debe cumplir, empieza a entregar elementos que corroboran la incansable tendencia de los políticos colombianos en crear instituciones antes que buscar el fortalecimiento de las previamente existentes.
Este es el caso de la denominada "supercorte" que se encargará del juzgamiento de todos los funcionarios aforados con las únicas excepciones del presidente y el vicepresidente de la República. Como bien lo ha denominado la Fiscal General, Viviane Morales, esta nueva estructura de la rama judicial debe considerarse como un "Frankenstein". SINEMBARGO no conoce exactamente las razones por las cuales la alta funcionaria entrega ese apelativo a la posible nueva institución de juzgamiento y control, pero éste si se atreve a decir que resulta desafortunada su sola existencia porque está impulsada en la creencia de que para solucionar los problemas, simplemente, el Estado tiene que crecer.
Escribía Alejandro Tagliavini sobre la recién nacida CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la criticaba utilizando una frase que aplica perfectamente para resumir el embrollo alrededor de esta supercorte y para muchos otros temas, en Colombia y en el resto de la región: "¡burocracia para solucionar los problemas de la burocracia!". Con signos de exclamación y todo que dejan entrever el sarcasmo que produce este proceder de la clase política colombiana, latinoamericana y caribeña.
Del accionar de la Corte Suprema de Justicia se puede criticar mucho, pero se le encuentra parte de razón a los señalamientos hechos por su presidente, el magistrado Camilo Tarquino, quien en entrevista con el diario El Espectador ha señalado de manera enfática que a la Carta Magna colombiana no le cabe una supercorte más y que buena parte de los graves problemas de congestión judicial que sufre el país pueden superarse con mayores recursos que serían utilizados en la contratación y preparación de personal y la adquisición de tecnología y conocimientos de investigación judicial.
Ese es el almendrón del asunto, tal como ya se ha expuesto desde este espacio (ver Mapiripán y la construcción de Estado).
Lo otro, la simple instauración de más instituciones y burocracias, resulta preocupante porque consolida la fe de los actores políticos en este remedio. Cuando llegamos a la Asamblea Constituyente de 1991, el poder judicial contaba con la Corte Suprema y el Consejo de Estado y se decidió agregarle tres actores de gran calado adicionales: la Corte Constitucional, un Consejo Superior de la Judicatura y una Fiscalía General de la Nación. Ahora, 20 años después se está tramitando la creación de una nueva corte.
¿Qué se puede esperar que suceda dentro de las próximas dos décadas? Que los problemas de congestión y de insatisfacción de la población con la justicia se mantendrán y entonces los líderes políticos propondrán como remedio revolucionario la creación de una nueva supercorte para la descongestión y eficiencia judiciales. Causa risa. Pero nerviosa.
Este es el caso de la denominada "supercorte" que se encargará del juzgamiento de todos los funcionarios aforados con las únicas excepciones del presidente y el vicepresidente de la República. Como bien lo ha denominado la Fiscal General, Viviane Morales, esta nueva estructura de la rama judicial debe considerarse como un "Frankenstein". SINEMBARGO no conoce exactamente las razones por las cuales la alta funcionaria entrega ese apelativo a la posible nueva institución de juzgamiento y control, pero éste si se atreve a decir que resulta desafortunada su sola existencia porque está impulsada en la creencia de que para solucionar los problemas, simplemente, el Estado tiene que crecer.
Escribía Alejandro Tagliavini sobre la recién nacida CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la criticaba utilizando una frase que aplica perfectamente para resumir el embrollo alrededor de esta supercorte y para muchos otros temas, en Colombia y en el resto de la región: "¡burocracia para solucionar los problemas de la burocracia!". Con signos de exclamación y todo que dejan entrever el sarcasmo que produce este proceder de la clase política colombiana, latinoamericana y caribeña.
Del accionar de la Corte Suprema de Justicia se puede criticar mucho, pero se le encuentra parte de razón a los señalamientos hechos por su presidente, el magistrado Camilo Tarquino, quien en entrevista con el diario El Espectador ha señalado de manera enfática que a la Carta Magna colombiana no le cabe una supercorte más y que buena parte de los graves problemas de congestión judicial que sufre el país pueden superarse con mayores recursos que serían utilizados en la contratación y preparación de personal y la adquisición de tecnología y conocimientos de investigación judicial.
Ese es el almendrón del asunto, tal como ya se ha expuesto desde este espacio (ver Mapiripán y la construcción de Estado).
Lo otro, la simple instauración de más instituciones y burocracias, resulta preocupante porque consolida la fe de los actores políticos en este remedio. Cuando llegamos a la Asamblea Constituyente de 1991, el poder judicial contaba con la Corte Suprema y el Consejo de Estado y se decidió agregarle tres actores de gran calado adicionales: la Corte Constitucional, un Consejo Superior de la Judicatura y una Fiscalía General de la Nación. Ahora, 20 años después se está tramitando la creación de una nueva corte.
¿Qué se puede esperar que suceda dentro de las próximas dos décadas? Que los problemas de congestión y de insatisfacción de la población con la justicia se mantendrán y entonces los líderes políticos propondrán como remedio revolucionario la creación de una nueva supercorte para la descongestión y eficiencia judiciales. Causa risa. Pero nerviosa.
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