¡Jus-ti-cia, jus-ti-cia, jus-ti-cia!

Ese es uno de los sonsonetes más populares y escuchados en Colombia y podía decirse que en cualquier país del mundo. Por su puesto, nos interesa el lindo país bañado por dos océanos y con tres cordilleras y es sobre él que vamos a hablar.

Paro de ASONAL judicial, es decir, los trabajadores del sector justicia, desde mensajeros de despacho hasta jueces de circuito, pasando por secretarias e investigadores criminales; denuncias de carruseles de pensiones desaforados en los que están montados magistrados de las más altas cortes del país; más denuncias, también dirigidas a altos magistrados por guiar sus decisiones basándose en intereses políticos o de cualquier otro carácter, menos legal (casos de la salida del magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Iván Velásquez, investigador líder de la parapolítica y escogencia del procurador Alejandro Ordóñez para terna por parte de la misma CSJ para el mismo cargo de procurador general); sensación (y realidad) de desorden rampante en todo el sistema en general; Fiscalía General imputando cargos sin pruebas sólidas que rayan en el ridículo (caso Sigifredo López); y más, mucho, muchísimo más.

¿Por qué tanto despelote? A mí me gusta oír la explicación de la calle de que esto pasa por nuestra colombianidad. Digo, me gusta, porque así el problema estaría resuelto. “Somos un país de cafres, entonces aceptémoslo, ¡y listo!” Así siempre estaremos condenados a este fracaso/desorden sin importar qué hagamos o dejemos de hacer.

Ese determinismo, desafortunadamente, no es válido ni cierto. Las instituciones, es decir las reglas, que el hombre construye están fuertemente moldeadas por la geografía y por la historia, que a su vez es esculpida por la primera, y las dos terminan forjando el carácter de las personas que habitan en un área determinada. No obstante, los determinismos geográficos o históricos (“país de cafres”), así como los raciales (“país de cafres”), están mandados a recoger y la experiencia histórica así nos lo demuestra.

Por supuesto, cambiar estas instituciones, formales e informales, representan un esfuerzo abismal y que nunca va a llegar a ser recompensado con la aparición de un statu quo ni cercano a la perfección.

Veamos el caso que nos interesa en el día de hoy. Durante el gobierno de Uribe, se adoptó como defensa política, acusar y caricaturizar a la Corte Suprema de Justicia como el “partido de oposición al gobierno”. Este calificativo, el de partido político, daba a entender que los jueces de esa corte estaban fallando guiados no por preceptos jurídicos sino por políticos. La verdad sea dicha, esta descripción de los togados y esa corte en particular es muy cercana a la realidad. Pero lo que debe resaltarse es que dicho comportamiento no fue exclusivo de esa CSJ en particular. El sistema judicial colombiano está creado para que los jueces, especialmente aquellos que logran llegar a las máximas magistraturas, se conviertan en figuras políticas. No solo ideológicamente, sino electoralmente. Así tenemos al magistrado Ibañez, uno de los adalides de la parapolítica, como candidato al congreso en 2006, fracasando, para luego ingresar a la Suprema. Y esta no es la excepción. De la Constitucional, la que podría considerarse la corte de cierre, aunque esto no está del todo claro, una evidencia más del pésimo diseño institucional del aparato de justicia, han surgido figuras políticas que han aspirado a los máximos cargos de elección popular del país. Carlos Gaviria, José Gregorio Hernández, Jaime Araujo, Alejandro Martínez Caballero.

Pero este no es solo un comportamiento en las altas cortes. Los exfiscales Alfonso Valdivieso y Alfonso Gómez Méndez también han aspirado a la presidencia de la república después de sus respectivos pasos por el ente acusador colombiano. El procurador Ordóñez es considerado por algunos como un posible candidato conservador a la presidencia del país.

Ahora bien, el que los jueces y los fiscales (investigadores) tengan posiciones políticas y las quieran imponer en la sociedad de la cual hacen parte es totalmente comprensible. Incluso deseable. Acá lo problemático es que el diseño institucional, que es para ángeles y no para ser humanos, sean estos de “Cundinamarca o Dinamarca”, pretende que quienes llegan a ocupar estos puestos sean ciegos, como la imagen (hipérbole) de la justicia, pero también sordos y mudos.

El diseño institucional debe ser realista. Debe atender que los seres humanos tienen intereses. Debe desconfiar pragmáticamente en la ambición de estos. Yo no dudo que todos los personajes que he mencionado con nombre propio tengan buenas intenciones. Pero están guiados por la ambición, algo normal, y nuevamente, deseable.

Se pueden hacer cosas relativamente sencillas: 1) que cualquiera de las cuatro, ¡cuatro!, máximas cortes de justicia con que contamos hoy, así como cargos como Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, sean los últimos cargos que puedan ejercer quienes los ocupan, o que por lo menos deriven en una inhabilidad de un lustro o una década. Esto llevaría a que el llegar a estos puestos, aquellos que los ocupan se vean guiados, estimulados, más por intereses de largo alcance y no por naturales, entendibles y previsibles ambiciones políticas y electorales.

Y 2), de manera más profunda, eliminar cargos y sus organizaciones burocráticas que hoy son inoperantes o peor, se han vuelto instancias redundantes, que duplican, triplican o eneplican funciones y gastos y por lo tanto son estímulos para la ineficiencia y la corrupción. Las primeritas serían la Procuraduría, pero no por Ordóñez, sino por la existencia desde la Constitución de 1991 de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía General, el Consejo de Estado y la misma Fiscalía. Las funciones de estas dos últimas deberían pasar en manos del ministro de justicia, que debe ser el administrador de los recursos sectoriales y el investigador número uno en el país. O si se deja a la Fiscalía, eliminar (de nuevo) al ministerio, o cambiarle el nombre por el muy glamoroso Ministerio de Penitenciarías.

Me alargué, pero este es un diagnóstico, créanlo, brevísimo y debatible. Y las soluciones también son poquitas, las expuestas hoy. Podría terminar diciendo que en el país es necesario que nos embarquemos en una especia de “Plan Colombia” para la justicia, pero a diferencia del que existió con el sector defensa y seguridad, este debe ser financiado en su vasta mayoría por los colombianos. Pero estos recursos no solo irían a sueldos, como pretende ASONAL, sino a capacitación, modernización, equipos e infraestructuras físicas e intelectuales.  

¿Alguien interesado? ¿O solo nos gusta el estribillo?