La Ley 790 de 2002 por medio de la cual se fusionaron algunos ministerios durante los primeros meses de la administración del expresidente antioqueño, Comercio con Desarrollo, Trabajo con Salud e Interior con Justicia, buscaba afanosamente racionalizar recursos del Estado, en medio del contexto dado por la grave crisis económica y fiscal sufrida por el país durante la administración Pastrana. Adicionalmente existían como elementos justificadores de estas fusiones, que por lo menos en el caso de la cartera de Justicia se asemejaba más a una supresión de facto, la eliminación de duplicidad de funciones, la mejora en la productividad de la gestión estatal, el favorecimiento y garantía de una mayor participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de la cosa pública, entre otras más, que puntualmente apuntaban hacia la modernización del poder ejecutivo.
Hasta la fecha, como lo deja entrever su comentario, el exmandatario continúa defendiendo las virtudes de su reforma. SIN EMBARGO destaca que el debate, el cual no ha sido suficientemente azuzado, gira en torno a la cuestión de si se necesitan más o menos ministerios. ¿Puede la experiencia internacional darnos algunas luces para esclarecer este debate? En los Estados Unidos el gabinete presidencial está conformado por 15 secretarios de departamentos. En el Brasil son 23 ministerios. En Venezuela 25 y en el Reino Unido el gabinete del Primer Ministro lo conforman 22 posiciones ministeriales y secretariales esencialmente.
Dada la magnitud de las problemáticas resulta válido preguntarse sino sería necesario que en Colombia existiera por ejemplo el ministerio de temas carcelarios. Esta es una problemática directamente ligada a la seguridad, e incluso, a la defensa nacional. En el proyecto de presupuesto para 2012 al INPEC se le asigna 1.19 millones de millones de pesos, una cifra superior levemente a las asignadas a la totalidad de los sectores cultura y comercio. Cabría también la misma pregunta, por ejemplo, para la creación de un ministerio para la mayoría de los antiguos territorios nacionales y otros departamentos como el Chocó y Caquetá, con el objetivo de dar un trato diferenciado a estas zonas del país debido a sus retrasos institucionales, que son los responsables en buena medida, de las crisis en materia de seguridad, economía y desarrollo social, presentes allí.
Rodrigo Lara en su columna Apuntes sobre la reforma del Estado señala el verdadero tema que debe dominar la discusión sobre la modernización del Estado. Más o menos ministerios no es el quid del asunto. Más bien éste gira en torno a cómo mejorar la coordinación entre las entidades existentes para formular, implementar y evaluar eficientemente las políticas públicas que se acometen, teniendo en cuenta que el tejido y la memoria institucional en Colombia es muy débil debido a la permanencia limitada en sus cargos de los altos funcionarios, e incluso más preocupante, de la existencia de una insipiente carrera administrativa profesionalizada.
Sobre el caso puntual del Ministerio de Justicia, SIN EMBARGO se aventuraría a afirmar que es poco lo que se puede esperar de esta renacida institución. Si bien es cierto que las relaciones entre el poder judicial y el ejecutivo durante la presidencia Uribe fueron, por decir lo menos, turbulentas, resulta ingenuo explicar esa inestabilidad en la ausencia de un ministro encargado exclusivamente de tratar los temas con los miembros de esta rama del poder público. Debido a la existencia de una Fiscalía General de la Nación y de un Consejo Superior de la Judicatura, entidades encargadas de las funciones ejecutivas dentro del poder judicial, acusar y gerenciar recursos respectivamente, sería posible concluir que un ministerio para coordinar las políticas y los temas del ramo resulta exagerado y que para esas funciones, una alta consejería presidencial resultaría ser suficiente.
Por supuesto, este tema puede ser facilmente considerado como asunto superado. El gobierno Santos ha sacado avante su reforma que posee en menor medida, en comparación de la impulsada por Uribe, un "criterio fiscalista" y se enfoca más en la búsqueda de "mayor eficiencia y eficacia" en el Estado, según las palabras de la alta consejera para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, María Lorena Gutiérrez. Pero desde el punto de vista académico es una discusión permanente y de gran interés. ¿Se necesitan en definitiva más ministerios? ¿O qué tipo de estructuras administrativas demanda la administración del Estado del siglo XXI y la de la Colombia rural, violenta y pobre? Y por último, ¿cuáles son los mecanismos adecuados para maximizar la coordinación entre las entidades coresponsables de políticas públicas? y ¿cómo puede crearse una burocracia profesional y comprometida con el Estado y sus objetivos?
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